Por Ana Alicia Solís de Alba§
Frente a la crisis del capitalismo en su modalidad neoliberal los Estados y los gobernantes de los países centrales del capitalismo y una gran parte de los países periféricos le apuestan a profundizar dicho modelo y a lograr de ese modo lo que en veintisiete años de su vigencia no han conseguido a nivel mundial debido a la oposición férrea que han demostrado en ese lapso los movimientos sociales. Dichos Estados y gobernantes comparten las directrices sustanciales y las premisas en las que fundamentan las llamadas “medidas anticrisis” que han impulsado para contrarrestar supuestamente sus efectos en la mayoría de la población. Contrario a lo que pregonan, estas medidas conservan y reproducen la naturaleza sexista y patriarcal involucrada en el modelo neoliberal (cuyos efectos engañosamente pretenden amainar), tanto por los supuestos patriarcales sobre la base de los cuales se sustentan, como por los efectos que su implementación produce al agravar las desigualdades ya existentes entre los sexos, siempre con una mayor desventaja para las mujeres.
El recorte al presupuesto de la inversión pública en infraestructura social (mal llamada “gasto social”) en favor del aumento de los subsidios con dinero público a las grandes empresas, especialmente a los grandes corporativos e instituciones financieras en su mayoría trasnacionales –que son al mismo tiempo las que menos empleos directos generan y menos impuestos pagan (1.7 por ciento de los ingresos mientras que los demás pagan en promedio el 28)– descansa en la idea de que las mujeres por razones naturales, biológicas (por su condición de hembras) se seguirán ocupando, ahora con mayor intensidad, de la sobrevivencia de la familia y continuarán haciéndose cargo a nivel privado de las consecuencias sociales devastadoras para el conjunto de la población de dicho recorte presupuestal en salud, y educación. Subrayo el carácter Privado de su contribución para paliar dichos efectos en sus dos modalidades: la referente al trabajo doméstico y de cuidados familiares y la del trabajo extra-doméstico que desempeñan en las asociaciones civiles sin fines de lucro (ONGs) que se ocupan de amortiguar sin conseguirlo las desigualdades generadas por el modelo neoliberal en crisis.
La imposición de esa medida asociada a las dificultades económicas derivadas de la pérdida del empleo de sus parejas y/o de ellas mismas, de la discriminación salarial y del deterioro salarial, profundiza, sin lugar a dudas, la división sexual del trabajo y por ende la desigualdad en la condición social de las mujeres con respecto a la de los hombres. Esta situación, insisto y repito, las obliga a intensificar su dedicación en el reglón de la reproducción por la disminución de los recursos accesibles en dicho renglón y a tener que soportar las condiciones de precariedad en el desempeño de sus labores mercantiles sin posibilidades de remontarla[1].
En pocas palabras, la reducción del “gasto” social produce un impacto negativo en las mujeres ya sea en su condición de usuarias de los servicios, que como trabajadoras en esos sectores: escuela, salud y administración pública. Por lo que se requiere invertir dicha relación para desarticular ese círculo perverso y convertirlo en un círculo virtuoso que contribuya al desarrollo económico y social, lo cual constituye una de las propuestas centrales del movimiento feminista a nivel internacional.
La profundización de la flexibilización de las relaciones laborales y la anulación de los derechos laborales conquistados por la vía de las reformas legislativas y las artimañas para evadir y para incumplir las disposiciones jurídicas existentes son otras de las “medidas anticrisis” de naturaleza sexista que los gobiernos neoliberales y los detentadores del capital insisten en preservar e intensificar como medida “anticrisis”.
En México, el gobierno de Calderón incluye entre las medidas anticrisis la contrarreforma laboral con lo cual busca aprovechar la crisis para remontar sus intentos fallidos en este reglón a sabiendas de que la flexibilización laboral no resuelve el problema del empleo y la cualidad de éste, sino que por el contrario en tiempos de crisis cumple con su cometido de facilitar los despidos sin costos para el patrón y profundizar la precariedad laboral.
La sobreexplotación de las mujeres de la clase trabajadora a través del trabajo flexible y por lo mismo precario, tanto en los países desarrollados, como en el resto de ellos es funcional para el capitalismo contemporáneo. Precisamente por eso la incorporan entre las medidas fundamentales. La flexibilización de las relaciones laborales ha sido el modo mediante el cual el capitalismo resolvió administrar las fluctuaciones cíclicas del empleo desde la crisis de los años setenta con la imposición del modelo neoliberal y está estrechamente vinculada a las mujeres en dos planos: las mujeres mismas son el componente más importante de la fuerza de trabajo flexibilizada. Ellas son flexibles no sólo porque se las pueda despedir apenas se produzca una fluctuación económica, sino también porque la flexibilización laboral es de tal naturaleza que les imposibilita la organización sindical.
En efecto, aunque en el mundo, el índice de despidos es mayor en los hombres que en las mujeres, las mujeres desempleadas se incrementaron en mayor medida que los hombres ineludiblemente por ocupar los puestos de trabajo mayormente flexibilizados o sin protección jurídica y no como en el caso de los hombres cuyos despidos tienen que ver con su mayor participación en los sectores fuertemente afectados por la crisis, como el del automóvil, la construcción y el sector maquilador (en el que desde hace varios años la mano de obra femenina venía decreciendo en México).
Frente a la crisis del capitalismo en su modalidad neoliberal los Estados y los gobernantes de los países centrales del capitalismo y una gran parte de los países periféricos le apuestan a profundizar dicho modelo y a lograr de ese modo lo que en veintisiete años de su vigencia no han conseguido a nivel mundial debido a la oposición férrea que han demostrado en ese lapso los movimientos sociales. Dichos Estados y gobernantes comparten las directrices sustanciales y las premisas en las que fundamentan las llamadas “medidas anticrisis” que han impulsado para contrarrestar supuestamente sus efectos en la mayoría de la población. Contrario a lo que pregonan, estas medidas conservan y reproducen la naturaleza sexista y patriarcal involucrada en el modelo neoliberal (cuyos efectos engañosamente pretenden amainar), tanto por los supuestos patriarcales sobre la base de los cuales se sustentan, como por los efectos que su implementación produce al agravar las desigualdades ya existentes entre los sexos, siempre con una mayor desventaja para las mujeres.
El recorte al presupuesto de la inversión pública en infraestructura social (mal llamada “gasto social”) en favor del aumento de los subsidios con dinero público a las grandes empresas, especialmente a los grandes corporativos e instituciones financieras en su mayoría trasnacionales –que son al mismo tiempo las que menos empleos directos generan y menos impuestos pagan (1.7 por ciento de los ingresos mientras que los demás pagan en promedio el 28)– descansa en la idea de que las mujeres por razones naturales, biológicas (por su condición de hembras) se seguirán ocupando, ahora con mayor intensidad, de la sobrevivencia de la familia y continuarán haciéndose cargo a nivel privado de las consecuencias sociales devastadoras para el conjunto de la población de dicho recorte presupuestal en salud, y educación. Subrayo el carácter Privado de su contribución para paliar dichos efectos en sus dos modalidades: la referente al trabajo doméstico y de cuidados familiares y la del trabajo extra-doméstico que desempeñan en las asociaciones civiles sin fines de lucro (ONGs) que se ocupan de amortiguar sin conseguirlo las desigualdades generadas por el modelo neoliberal en crisis.
La imposición de esa medida asociada a las dificultades económicas derivadas de la pérdida del empleo de sus parejas y/o de ellas mismas, de la discriminación salarial y del deterioro salarial, profundiza, sin lugar a dudas, la división sexual del trabajo y por ende la desigualdad en la condición social de las mujeres con respecto a la de los hombres. Esta situación, insisto y repito, las obliga a intensificar su dedicación en el reglón de la reproducción por la disminución de los recursos accesibles en dicho renglón y a tener que soportar las condiciones de precariedad en el desempeño de sus labores mercantiles sin posibilidades de remontarla[1].
En pocas palabras, la reducción del “gasto” social produce un impacto negativo en las mujeres ya sea en su condición de usuarias de los servicios, que como trabajadoras en esos sectores: escuela, salud y administración pública. Por lo que se requiere invertir dicha relación para desarticular ese círculo perverso y convertirlo en un círculo virtuoso que contribuya al desarrollo económico y social, lo cual constituye una de las propuestas centrales del movimiento feminista a nivel internacional.
La profundización de la flexibilización de las relaciones laborales y la anulación de los derechos laborales conquistados por la vía de las reformas legislativas y las artimañas para evadir y para incumplir las disposiciones jurídicas existentes son otras de las “medidas anticrisis” de naturaleza sexista que los gobiernos neoliberales y los detentadores del capital insisten en preservar e intensificar como medida “anticrisis”.
En México, el gobierno de Calderón incluye entre las medidas anticrisis la contrarreforma laboral con lo cual busca aprovechar la crisis para remontar sus intentos fallidos en este reglón a sabiendas de que la flexibilización laboral no resuelve el problema del empleo y la cualidad de éste, sino que por el contrario en tiempos de crisis cumple con su cometido de facilitar los despidos sin costos para el patrón y profundizar la precariedad laboral.
La sobreexplotación de las mujeres de la clase trabajadora a través del trabajo flexible y por lo mismo precario, tanto en los países desarrollados, como en el resto de ellos es funcional para el capitalismo contemporáneo. Precisamente por eso la incorporan entre las medidas fundamentales. La flexibilización de las relaciones laborales ha sido el modo mediante el cual el capitalismo resolvió administrar las fluctuaciones cíclicas del empleo desde la crisis de los años setenta con la imposición del modelo neoliberal y está estrechamente vinculada a las mujeres en dos planos: las mujeres mismas son el componente más importante de la fuerza de trabajo flexibilizada. Ellas son flexibles no sólo porque se las pueda despedir apenas se produzca una fluctuación económica, sino también porque la flexibilización laboral es de tal naturaleza que les imposibilita la organización sindical.
En efecto, aunque en el mundo, el índice de despidos es mayor en los hombres que en las mujeres, las mujeres desempleadas se incrementaron en mayor medida que los hombres ineludiblemente por ocupar los puestos de trabajo mayormente flexibilizados o sin protección jurídica y no como en el caso de los hombres cuyos despidos tienen que ver con su mayor participación en los sectores fuertemente afectados por la crisis, como el del automóvil, la construcción y el sector maquilador (en el que desde hace varios años la mano de obra femenina venía decreciendo en México).
Para lograr su objetivo los neoliberales, siguen recurriendo al artificio de la conciliación de la vida familiar y laboral como argumento privilegiado para concitar el consenso por parte de las mujeres en torno a la flexibilidad y a la posibilidad de generar empleos para ellas por esta vía, a pesar de que la crisis ha puesto al descubierto su fragilidad y falsedad en casi todo el mundo.
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