Adriana Cota Sánchez.€
Se han acumulado diecisiete años de la crisis del Estado capitalista en su fase neoliberal, siendo la privatización de los derechos a la seguridad social y el despojo de los fondos de pensiones de la clase trabajadora, en un periodo de precarización del trabajo, una manera de inyectar recursos para lograr una nueva acumulación de capital. Hemos denunciado la recarga que sobre las mujeres pesa la reproducción social como solución a los problemas de la seguridad, atención y salud de las familias. Las llamadas “reformas de segunda generación”, luego de programas de estabilización y de la aplicación de “reformas estructurales” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promovieron para disminuir la vulnerabilidad macroeconómica de los países latinoamericanos trajeron consigo profundas transformaciones.
Una política centralizadora del capitalismo de “mercado”, donde la mano invisible aparentemente puede equilibrar sus desperfectos o las fluctuaciones del sistema ocasionados por el adelgazamiento de los Estados mediante recetas encaminadas a individualizar y privatizar los derechos sociales, económicos, políticos, humanos, ecológicos e ideológicos y de seguridad pública de las mujeres y los hombres, ha fracasado.
La política de la pobreza, por medio de la reducción paulatina del salario y la represión económica se han convertido en el modus operandi instrumental de la expansión capitalista en la periferia de la economía mundial. El estado autoritario en su etapa neoliberal se esmera cada día en imponer la explotación intensiva del trabajo, bajo un régimen que cancela derechos sociales, privatiza los servicios otrora públicos, desprotege a la población en su conjunto aniquilando con ello la seguridad social en todas sus dimensiones. Las contrarreformas a la ley del IMSS y del ISSSTE forman parte estructural de esta política neoliberal al contener leyes, derechos y obligaciones para el Estado y la población en su conjunto.
La política social privatizadora continúa en el año 2010, a través de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de limitar a 10 salarios mínimos el monto de una jubilación en el IMSS, siendo una medida a todas luces injusta, forma parte del proceso de contrarreformas del sistema solidario de pensiones.
La medida tomada por la SCJ, se dice, afecta a un poco más de un millón de trabajadores, entre los cuales están médicos, ingenieros, pilotos, muchos de ellos agremiados a la UNT; la salida estratégica ordenada por Valdemar, secretario nacional del SNTSS, de esta organización ahora se explica: reducir cualitativamente un posible movimiento de masas que numéricamente puede superar al gremio magisterial cooptado por el gobierno federal.
La justificación de la SCJ de atribuir el recorte en el monto de las pensiones a las malas finanzas del IMSS para continuar culpando a la aristocracia sindical y al impuesto régimen de jubilaciones y pensiones se ha desplomado ya que lo que era un secreto a voces en el IMSS y el SNTSS se filtró por fin a la prensa y a la opinión pública: Horcasitas ha causado un quebranto a las reservas del IMSS de al menos 500 millones de pesos, este escándalo bursátil ha alcanzado a Karam el actual director nacional del IMSS de ahí su comparecencia en la cámara de Diputados.
Una vez más nos encontramos con la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, o lo que es lo mismo la ley del embudo de la SCJ: el lado angosto para la mayoría y el lado ancho para los ricos y la alta burocracia del gobierno federal.
La ideología inducida de que tanto el IMSS y el ISSSTE están en quiebra forma parte de la política privatizadora de ambos institutos con la pretensión de fortalecer la precarización de los servicios de salud por medio del Seguro Popular y agudizar la privatización de la seguridad social y las pensiones; sumando la desprotección de la clase trabajadora para validar la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo.
Sabemos que las privatizaciones continuarán mientras sigan gobernando el PRIAN, las luchas de las mujeres y la clase trabajadora deberán confluir para transformar el estado de cosas por medio de la unificación y organización de cara a la coyuntura del proceso electoral en 2012.
Se han acumulado diecisiete años de la crisis del Estado capitalista en su fase neoliberal, siendo la privatización de los derechos a la seguridad social y el despojo de los fondos de pensiones de la clase trabajadora, en un periodo de precarización del trabajo, una manera de inyectar recursos para lograr una nueva acumulación de capital. Hemos denunciado la recarga que sobre las mujeres pesa la reproducción social como solución a los problemas de la seguridad, atención y salud de las familias. Las llamadas “reformas de segunda generación”, luego de programas de estabilización y de la aplicación de “reformas estructurales” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promovieron para disminuir la vulnerabilidad macroeconómica de los países latinoamericanos trajeron consigo profundas transformaciones.
Una política centralizadora del capitalismo de “mercado”, donde la mano invisible aparentemente puede equilibrar sus desperfectos o las fluctuaciones del sistema ocasionados por el adelgazamiento de los Estados mediante recetas encaminadas a individualizar y privatizar los derechos sociales, económicos, políticos, humanos, ecológicos e ideológicos y de seguridad pública de las mujeres y los hombres, ha fracasado.
La política de la pobreza, por medio de la reducción paulatina del salario y la represión económica se han convertido en el modus operandi instrumental de la expansión capitalista en la periferia de la economía mundial. El estado autoritario en su etapa neoliberal se esmera cada día en imponer la explotación intensiva del trabajo, bajo un régimen que cancela derechos sociales, privatiza los servicios otrora públicos, desprotege a la población en su conjunto aniquilando con ello la seguridad social en todas sus dimensiones. Las contrarreformas a la ley del IMSS y del ISSSTE forman parte estructural de esta política neoliberal al contener leyes, derechos y obligaciones para el Estado y la población en su conjunto.
La política social privatizadora continúa en el año 2010, a través de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de limitar a 10 salarios mínimos el monto de una jubilación en el IMSS, siendo una medida a todas luces injusta, forma parte del proceso de contrarreformas del sistema solidario de pensiones.
La medida tomada por la SCJ, se dice, afecta a un poco más de un millón de trabajadores, entre los cuales están médicos, ingenieros, pilotos, muchos de ellos agremiados a la UNT; la salida estratégica ordenada por Valdemar, secretario nacional del SNTSS, de esta organización ahora se explica: reducir cualitativamente un posible movimiento de masas que numéricamente puede superar al gremio magisterial cooptado por el gobierno federal.
La justificación de la SCJ de atribuir el recorte en el monto de las pensiones a las malas finanzas del IMSS para continuar culpando a la aristocracia sindical y al impuesto régimen de jubilaciones y pensiones se ha desplomado ya que lo que era un secreto a voces en el IMSS y el SNTSS se filtró por fin a la prensa y a la opinión pública: Horcasitas ha causado un quebranto a las reservas del IMSS de al menos 500 millones de pesos, este escándalo bursátil ha alcanzado a Karam el actual director nacional del IMSS de ahí su comparecencia en la cámara de Diputados.
Una vez más nos encontramos con la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, o lo que es lo mismo la ley del embudo de la SCJ: el lado angosto para la mayoría y el lado ancho para los ricos y la alta burocracia del gobierno federal.
La ideología inducida de que tanto el IMSS y el ISSSTE están en quiebra forma parte de la política privatizadora de ambos institutos con la pretensión de fortalecer la precarización de los servicios de salud por medio del Seguro Popular y agudizar la privatización de la seguridad social y las pensiones; sumando la desprotección de la clase trabajadora para validar la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo.
Sabemos que las privatizaciones continuarán mientras sigan gobernando el PRIAN, las luchas de las mujeres y la clase trabajadora deberán confluir para transformar el estado de cosas por medio de la unificación y organización de cara a la coyuntura del proceso electoral en 2012.
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