DERECHOS Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Por: Carmen R. Ponce Meléndez. §

La autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. La capacidad para generar ingresos propios y controlar los activos y recursos (autonomía económica), el control sobre el propio cuerpo (autonomía física) y la plena participación en las decisiones que afectan su vida y a su colectividad (autonomía en la toma de decisiones) son los tres pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria.

La subordinación de las mujeres se manifiesta de manera contundente en ell mercado laboral, donde se refleja a la vez la división sexual del trabajo y la discriminación que, debido a su débil autonomía física y política, impide a las mujeres decidir sobre su vida reproductiva, poner límites a la violencia en su contra y participar en los mecanismos de toma de decisiones públicas y privadas.

Autonomía Física

El hecho de que la autonomía se logre mediante el ejercicio del poder y la capacidad de tomar decisiones sobre la vida propia conduce a observar las conexiones entre la capacidad de decidir sobre la vida sexual, la integridad física y los ingresos o activos: para que las mujeres salgan de la pobreza y tengan autonomía económica es necesario que sus cuerpos sean respetados en múltiples sentidos, especialmente, que no sufran ningún tipo de violencia económica, sexual, física ni psicológica. Para alcanzar la autonomía, las mujeres necesitan ejercer control sobre los bienes materiales y los recursos intelectuales y, sobre todo, necesitan recursos para hacer frente a las ideologías y creencias que sustentan la discriminación. Las barreras con respecto al propio cuerpo suelen asentarse en la sexualidad, especialmente en la dimensión reproductiva, ya que el sistema sexo-género opone obstáculos a la autonomía física de las mujeres y a su autonomía en otros niveles.

La carencia de autonomía física y la falta de una política de Estado en la materia generan problemas de salud pública como maternidad en adolecentes, mortalidad materna, demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar y la criminalización de las mujeres por la interrupción voluntaria de los embarazos.

Actualmente en el DF más de 67 mil mujeres han ejercido su derecho a decidir, desde que la Asamblea Legislativa despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007. Sin embargo, en 19 Estados han restringido este derecho; en el caso de Baja California y San Luis Potosí que sus reformas se consideran inconstitucionales, ya que al proteger la vida desde el momento de la concepción no respetan los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres.

Las cifras sobre mortalidad materna en el país son muy altas, sin alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de ONU.

Los estados más afectados son: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sin duda también es un problema asociado a la pobreza y fundamentalmente mujeres rurales e indígenas. En Oaxaca el índice de MM es de 82.7, muy por encima de la media nacional, son mujeres menores de 19 años.

Conforme a ODM se plantea reducir –entre 1990 y 2015– la mortalidad materna en tres cuartas partes y no se ha cumplido con esta meta. Para 2010 la razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados) es 53.5, mientras que la meta a alcanzar es de 22.3.

Por lo que concierne a la universalización de la salud reproductiva mediante la disminución de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) y de acuerdo a una nota publicada por CIMAC en octubre de este año: “El promedio nacional de mujeres que desean utilizar algún método y no lo utilizan es de 9.8 por ciento, pero en los estados con mayor población rural e indígena es superior.

Por ejemplo en Chiapas es de 22.5 por ciento y en Oaxaca de 15.5. Cabe mencionar que de 1997 a 2009, la NIA en Chiapas sólo se redujo 1.2 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil es de 72.5, pero el indicador disminuye en Chiapas a 55 por ciento, Guerrero a 61.4 y en Oaxaca a 63.5.

La directora de Ipas-México indicó que las mujeres rurales e indígenas están expuestas en mayor medida a embarazos no deseados por la baja cobertura anticonceptiva.

Ello se debe a que no están disponibles en los servicios de salud o porque culturalmente están expuestas a relaciones sexuales tempranas sin protección, ya que la desigualdad en las relaciones de género les impide negociar el uso de anticonceptivos.

En promedio 12 por ciento de las adolescentes en México son madres, y esa proporción aumenta a 15 por ciento en el caso de las menores de 20 años de edad que viven en zonas rurales y a 17 por ciento en adolescentes indígenas”.

Las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para utilizar anticonceptivos y cuántas mueren en abortos clandestinos.

Existe una relación directa entre educación, uso de anticonceptivos y embarazos en adolecentes, a menor educación mayor es el número de maternidad adolecente y menor uso de planificación familiar.

§ Economista especializada en temas de género.